
Estamos hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más frontal al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura fascista (sí, el término científico para definir aquella dictadura no es franquismo, sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una transición (que no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente limitada e insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas ultra-conservadoras continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado.
Las movilizaciones del mundo del trabajo (desde 1974 a 1976, España tuvo las movilizaciones y huelgas políticas más numerosas y extensas existentes en Europa) forzaron el fin de aquella horrible dictadura, de manera que, aún cuando el dictador murió en la cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación social que la protesta obrera determinó. Ahora bien, las fuerzas democráticas, y muy en especial, los dirigentes de los partidos de izquierda, acababan de salir de la cárcel o habían llegado recientemente del exilio y no pudieron neutralizar, y todavía menos debilitar, las fuerzas ultra-conservadoras que controlaban el Estado. La permanencia de la Monarquía, regida por un Rey nombrado a dedo por el dictador, era el símbolo de la desigualdad en la correlación de fuerzas en aquel momento.
Subdesarrollo social
Las consecuencias de este dominio ultra-conservador
sobre el Estado y sobre la mayoría de las instituciones mediáticas y
políticas del país son muchas. Como ejemplos podemos citar: una ley
electoral escasamente proporcional, que discrimina a las izquierdas (y
muy en especial al partido que lideró la resistencia antifascista); la
ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de izquierda; y el
enorme subdesarrollo social de España (que durante todos estos años ha
continuado teniendo el gasto público social per cápita -que financia su
escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión
Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de
desarrollo económico al nuestro).Otra consecuencia de este dominio
ultra-conservador del Estado español ha sido la enorme regresividad de
la política fiscal, que explica, junto con el enorme fraude fiscal, los
escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente documentable (los
ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas bajo de la
UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces próximas al
capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación
financiada por la banca y algunas de las mayores empresas del país, que
se benefician extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les
permiten evitar el pago de tributos al Estado) de que nos estamos
gastando en España más de lo que podemos.
La validez de tal tesis queda fácilmente
falseada con el siguiente dato. España no es pobre. Su PIB es el 92%
del promedio de los países de la UE-15. En cambio, su gasto público
social per cápita no es el 92% del promedio del gasto público social per
capita de la UE-15, sino solo el 72%, lo cual quiere decir que España
se gasta 60.000 millones de euros menos de los que se deberían gastar
por su nivel de riqueza.
Es cierto que durante el periodo
democrático iniciado en 1978 ha habido cambios y mejoras, sobre todo en
los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han permitido reducir el
enorme déficit de gasto público social. Pero debido al gran retraso que
dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los gobiernos
PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa
Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del
Partido Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello
es resultado de unas políticas públicas de austeridad que, en su
objetivo central de debilitar al mundo del trabajo, están creando una
recesión que para amplios sectores de la población alcanza niveles de
Gran Depresión.
Entre estos sectores que viven una Gran
Depresión están los jóvenes. Hoy solo uno de cada dos jóvenes encuentra
trabajo. Y según las proyecciones de las agencias que gozan de mayor
credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez años, una
situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas que
se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como en
Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han
presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran
que por cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto
público posible (se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada
de impuestos de sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las
pensiones -1.500 millones de euros-).
No es de extrañar que existan protestas
populares en las que los jóvenes –a los que erróneamente se les suponía
que “pasaban de todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de
tales políticas y los establishments financieros, económicos,
políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que
surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que
ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments.
Y tanto en sus objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la
extensión de los derechos políticos, civiles y democráticos de los
ciudadanos que ello conllevaría), como en su táctica (con
manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y
apoyo popular, del cual deriva su poder.
Democracia limitada
Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con
la democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la
transición inmodélica referida anteriormente.
Hoy, exigir democracia es subversivo del
orden imperante en España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma
capacidad de incidencia en la gobernanza del país es revolucionario,
pues terminaría con el dominio de las instituciones políticas por parte
de las fuerzas conservadoras en el país.
Exigir que exista una pluralidad en los
medios de información es terminar con el monopolio de clase existente en
los medios en España. Exigir que todo cargo representativo sea elegido
es terminar con la Monarquía, que es el eje del aparato del Estado
todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que existan
formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el
Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del
sistema democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar
con el control por parte de los grupos dirigentes de tales
instrumentos. Exigir que la economía esté al servicio de las clases
populares y no al servicio del 1% de la población que controla las
finanzas y grandes empresas es también profundamente subversivo en
España.
Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment,
son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados
por las estructuras de poder para marginar las voces críticas
auténticamente democráticas que quieren desarrollar la democracia
todavía extraordinariamente limitada en España.
Predeciblemente, la respuesta del establishment
a tales peticiones ha sido la represión, que ha sido particularmente
acentuada en contra del movimiento 15-M, el movimiento que ha hecho de
la democratización del país su tema principal.
3 comentarios:
Extremistas, populistas y demagogos por exigir un mundo más justo. Por exigir que nos dejen de robar y de tomar el pelo en nuestra propia cara.
Y aún siento que después de todas las protestas, después de las calles y las plazas llenas se siguen riendo en nuestra cara...
Ojalá solo sean suposiciones mías.
Créeme, por mucho que rían, están vencidos desde el principio. Es cuestión de tiempo. El ahora se está peleando. El mañana es nuestro.
Saludos Tropiezos
Se por experiencia que los políticos nos tienen miedo. Sé que utilizan a la policía para intentar acallar las voces que ya suenan como un eco.
Algunos edificios son suyos, la calle es nuestra.
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